2025 LWVH GUÍA PARA EL VOTANTE DE HOUSTON

NÚMERO DE PROPUESTA 10 “La enmienda constitucional para autorizar a la legislatura a prever una exención temporal de impuestos ad valorem del valor tasado de una mejora a una residencia familiar que haya sido completamente destruida por un incendio”.

ARGUMENTOS A FAVOR n Actualmente no existe un proceso para que los tasadores fiscales puedan recalcular la factura del impuesto a la propiedad de un propietario si su vivienda es destruida por un incendio después de la fecha de tasación. La legislación permitida conforme a esta proposición establecería dicho proceso. n Esta proposición ofrecería alivio a los propietarios cuyas viviendas fueron tasadas antes de ser destruidas por un incendio que redujo sustancialmente su valor. EXPLICACIÓN Si se aprueba, esta proposición permitiría a la legislatura promulgar una ley que exima del impuesto sobre la propiedad, por un período de tiempo determinado por la

propia legislatura, a una vivienda que haya sido destruida por un incendio.

ARGUMENTOS EN CONTRA n Para obtener esta exención, la propiedad debe haber sido completamente destruida. No otorga alivio a los propietarios cuyas viviendas resultaron significativamente dañadas. n Los beneficios de esta exención fiscal no se extienden a los propietarios de inmuebles destruidos por desastres distintos a los incendios, a menos que se encuentren en una zona de desastre declarada por el gobernador.

NÚMERO DE PROPUESTA 11 “La enmienda constitucional que autoriza a la legislatura a aumentar el monto de la exención de impuestos ad valorem por un distrito escolar del valor de mercado de la residencia familiar de una persona de edad avanzada o discapacitada”.

ARGUMENTOS A FAVOR n El aumento propuesto en la exención del impuesto sobre la propiedad para personas mayores y con discapacidad ayuda a proteger a quienes tienen ingresos fijos, permitiéndoles conservar la propiedad de su vivienda. n Se espera que el impacto positivo de esta proposición sea generalizado, con una reducción de impuestos para más de 2 millones de propietarios de viviendas. n La enmienda permite que la legislatura asigne fondos para reembolsar a los distritos escolares públicos, de modo que no enfrenten una reducción en su financiamiento. EXPLICACIÓN Esta enmienda propuesta autorizaría a la legislatura estatal a aumentar la exención del impuesto sobre la propiedad para la residencia familiar (homestead) de las personas mayores de 65 años o con discapacidad, de los $10,000 actuales a $60,000. Este monto se sumaría a la exención regular para la residencia familiar.

Además, la legislatura tiene previsto asignar fondos para reembolsar a los distritos escolares afectados. La exención fiscal adicional entraría en vigor para el año fiscal que comenzó el 1 de enero de 2025.

ARGUMENTOS EN CONTRA n Recortes fiscales adicionales reducen los recursos disponibles para servicios públicos como la educación, la atención médica y la infraestructura. n Una recesión económica podría alterar significativamente la situación fi nanciera del estado. No se debe confiar en el superávit presupuestario actual para asumir compromisos de gasto permanentes. n Texas debería considerar límites a los pagos del impuesto sobre la propiedad basados en la capacidad de pago del hogar. No todos los adultos mayores o personas con discapacidad tienen ingresos bajos.

NÚMERO DE PROPUESTA 12 “La enmienda constitucional relativa a la composición de la Comisión Estatal de Conducta Judicial, la composición del tribunal para revisar las recomendaciones de la comisión, y la autoridad de la comisión, el tribunal y la Corte Suprema de Texas para sancionar más efi cazmente a los jueces y magistrados por mala conducta judicial”.

EXPLICACIÓN La Comisión Estatal de Conducta Judicial (CECJ) es una agencia del estado de Texas encargada de investigar la mala conducta judicial y las discapacidades de jueces y magistrados.

mantendría en seis. n Todas estas designaciones estarían sujetas al consejo y consentimiento del Senado. n La edad mínima de los integrantes aumentaría de 30 a 35 años. n Los siete jueces que integran el Tribunal de Revisión (encargado de revisar las acciones de la CECJ) serían designados por el presidente de la Suprema Corte de Texas. Actualmente, los jueces del Tribunal de Revisión son seleccionados por diversos magistrados de los Tribunales de Apelaciones de Texas. Esta proposición también introduciría los cambios necesarios para implementar diversas reformas al sistema judicial de Texas y para aumentar el salario base de los jueces de distrito y otros jueces. ARGUMENTOS EN CONTRA n Dar al Gobernador el poder de nombrar a la mayoría de los miembros (7 de 13) de la Comisión Estatal de Conducta Judicial concentra demasiado poder en el poder ejecutivo. Aunque los jueces son elegidos de manera independiente por el pueblo, esta enmienda constitucional podría permitir al Gobernador influir en cómo se sanciona a los jueces si no están de acuerdo con él. n Las medidas reforzadas de rendición de cuentas que se permitirían podrían representar una extralimitación del poder legislativo sobre el poder judicial. n Si se aprueba, los costos para los contribuyentes en salarios judiciales y nuevo personal contratado para apoyar el trabajo de la Comisión Estatal de Conducta Judicial aumentarían.

Esta enmienda propuesta modificaría lo siguiente:

ARGUMENTOS A FAVOR n Al permitir que el gobernador designe a dos miembros más en lugar de permitir que el Colegio de Abogados de Texas nombre integrantes, el público podría tener más influencia en la consideración de quejas contra jueces, ya que el gobernador es electo. n Las reformas judiciales aprobadas en relación con esta enmienda podrían eliminar el rezago de quejas contra jueces al establecer plazos para las investigaciones y decisiones, así como al aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la efi ciencia del poder judicial. n Los salarios base de los jueces podrían ajustarse conforme a la nueva legislación sin vincular las pensiones de los legisladores a los salarios judiciales. n Quien designa a los miembros El número de integrantes designados por el gobernador, que pasaría de cinco a siete; El número de integrantes designados por el Colegio de Abogados de Texas, que pasaría de dos a cero; y El número de integrantes designados por la Suprema Corte de Texas se